Columna de Opinión

Diario La Segunda

Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras

El desarrollo masivo de sistemas de almacenamiento puro es fundamental para el proceso de transformación energética nacional. Mirados sistémicamente, ellos permitirán aportar atributos tan relevantes como holgura y flexibilidad -muy en línea con los objetivos de la Política Energética 2050- a un sistema eléctrico que opera hoy en condiciones de estrechez, beneficiando así a todos los consumidores nacionales.
Para que eso ocurra, es fundamental reconocer que el almacenamiento es un nuevo segmento en el mercado eléctrico, separado y distinto a los ya existentes en la ley —generación, transmisión y distribución—, y que se rige plenamente por los principios de competencia y neutralidad tecnológica. En otras palabras, el despliegue de estos sistemas debe estar abierto a la participación potencial de todos los actores del mercado de modo que los servicios sean entregados de
forma eficiente y que las nuevas tecnologías sean desplegadas de manera rápida sin riesgos para el sistema.

Sin embargo, algo que parece evidente y debiera generar un consenso transversal, lamentablemente no es compartido por algunos. En el último tiempo, se han oído voces, en especial desde el mundo de la generación, que pretenden “apropiarse” del almacenamiento (como si se tratase de un servicio de ese segmento) y restringir de manera artificial sus potencialidades, en claro desmedro del sistema eléctrico como un todo.
Ello es incongruente con la experiencia internacional, que muestra, por ejemplo, que las empresas de transmisión eléctrica pueden contribuir positivamente a captar el valor de los sistemas de almacenamiento; más aún en un sistema que es operado por un órgano independiente como es el Coordinador Eléctrico Nacional y no por una empresa en particular, como ocurre en varias otras jurisdicciones.
El proyecto de ley “transición energética” que impulsa el Ministerio de Energía -e incluye normativa sobre el almacenamiento- por el momento no es explícito en esta materia, manteniendo un espacio de ambigüedad que permite que los intentos reduccionistas prosperen, a pesar de que la actual Ley Eléctrica no establece restricciones de participación.
Es de esperar que esto se aclare pronto durante la tramitación del proyecto, a fin de no disminuir las posibilidades de que nuevos desarrollos tecnológicos se implementen de forma ágil, eficiente y competitiva, en beneficio de todos.