Chile se ha consolidado como un polo atractivo para la inversión extranjera. Durante 2024, la cartera de proyectos apoyados por InvestChile alcanzó un récord histórico de US$56.234 millones, con un impresionante 65% de esos recursos dirigidos al sector energético. Más allá de lo que pueda decirse del desglose de las cifras, estas no solo reflejan la confianza de los inversionistas en nuestras ventajas naturales y estratégicas, sino también las oportunidades de desarrollo sostenible que nuestro país puede ofrecer. Sin embargo, para transformar esta inversión en infraestructura tangible, necesitamos superar un obstáculo crítico: el marco de lo que ha sido denominado ‘permisología’. Actualmente, los proyectos energéticos —en particular los de transmisión— están atrapados en una maraña burocrática que ralentiza excesivamente su ejecución. Una línea promedio está demorando entre 7 y 10 años en entrar en funcionamiento, y sólo la mitad o menos de ese tiempo es de construcción.

Casos emblemáticos son la línea Kimal-Lo Aguirre, fundamental para conectar la generación de energías renovables del norte con los centros de consumo en el centro del país, que requiere cerca de 5.000 permisos para su desarrollo; y la línea Itahue-Hualqui, clave para el desarrollo del sistema en la zona centro-sur y que, de aprobarse, necesitará gestionar cerca de 700 permisos ambientales y no ambientales. Es cierto que el problema es general. Sin embargo, por su naturaleza, los proyectos de transmisión atraviesan extensos territorios, lo que multiplica exponencialmente las autorizaciones necesarias. Esta situación no solo genera incertidumbre para los desarrolladores, sino que —más importante aún— también pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de transición energética y la competitividad del país frente a otros mercados que avanzan con mayor rapidez.

El Estado ha dado pasos importantes con el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que introduce herramientas como el silencio administrativo, plataformas digitales para centralizar trámites y la priorización de proyectos estratégicos. Este esfuerzo está acompañado de importantes reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y al marco regulatorio de patrimonio cultural. Estos proyectos de ley representan una oportunidad para dar certeza, tanto a la ciudadanía como a los inversionistas, sobre las condiciones de desarrollo de proyectos en Chile, de manera que nuestras instituciones sean promotoras del desarrollo sustentable. Para que ello ocurra, eso sí, es esencial que los cambios sean complementarios y compatibles entre sí; tengan en cuenta a los proyectos de inversión; y establezcan criterios claros.

El desafío no es menor. No podemos permitir que nuestro liderazgo en la transición energética quede limitado a promesas o anuncios de inversión récord. Debemos contar con procesos regulatorios eficientes y robustos que permitan implementar infraestructura crítica en tiempos compatibles con la urgencia climática y las necesidades de desarrollo económico del país. Desde Transmisoras de Chile, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar iniciativas que compatibilicen la simplificación de trámites con la aplicación de altos estándares socioambientales, porque creemos que este es el camino para transformar cifras históricas en beneficios concretos para todos los chilenos.