La transmisión eléctrica enfrenta diversos desafíos. Su planificación debe ser más robusta, para que el desarrollo de la red vaya por delante de las necesidades del país; se deben licitar las obras de un modo que maximice la participación y se logren eficiencias que luego puedan ser traspasadas a las tarifas; se debe también, por cierto, procurar que esas licitaciones no queden desiertas, para no retrasar todos los procesos posteriores hasta la puesta en marcha de las nuevas obras; se deben evitar al máximo posible los retrasos en la construcción de los proyectos; y debemos repensar el sistema para que se creen los incentivos a utilizar la infraestructura existente de mejor manera.

Existe, además, un reto menos visible desde la perspectiva del funcionamiento del sistema eléctrico, pero crítico para el sector: se debe mejorar sustantivamente la valorización de las instalaciones de transmisión. ¿Qué es esto? En simple, el proceso técnico por el cual se determina el precio que pagamos por los activos más antiguos del sistema. Como estos son aún predominantes, de ese valor depende buena parte de los ingresos de muchas compañías.

La valorización entrega una señal importantísima a los inversionistas. La transmisión eléctrica es una actividad intensiva en capital, de largo plazo y con retornos regulados. En ese contexto, la estabilidad y oportunidad de las reglas del juego no son un detalle, sino una condición necesaria para que las inversiones se materialicen. Cuando los procesos regulatorios se atrasan de manera recurrente y no son llevados de buena forma, la certeza se debilita. Y cuando ello ocurre, el riesgo aumenta. Ese riesgo no es abstracto. En un escenario global donde los países compiten por atraer inversión en infraestructura energética, la falta de definiciones (tarifarias) oportunas puede traducirse en decisiones concretas: proyectos que se postergan, capital que se redirige y oportunidades que se pierden. Dicho de otro modo: en un sector donde casi todo el capital proviene de fuentes internacionales, de una valorización bien llevada depende, en gran medida, que los inversionistas decidan poner su dinero en Chile y no en otros países vecinos.

Lamentablemente, en la actualidad la valorización de los activos de transmisión enfrenta un atraso considerable. Empresas y regulador están hoy trabajando para calcular las tarifas que se deberían haber aplicado desde el año 2024 hasta el 2027. Se estima que ese proceso culminará casi a fines de 2027. Esto implica, por una parte, que hoy estamos aplicando tarifas que debieron haber dejado de estar activas el año 2023 y, por otra parte (más grave), que habrá que aplicar las nuevas tarifas retroactivamente, lo que conllevará recálculos que pueden favorecer o desfavorecer a consumidores y empresas. Nada más incierto para todos. Súmele un ingrediente más: las tarifas que deben aplicarse a contar de 2028 no han comenzado a ser calculadas, lo que hará que, probablemente, finalicemos ese proceso también tardíamente.

Los atrasos no son menores. Son una flecha clavada en el corazón de la certeza regulatoria del sector.

¿Por qué se produce esto? Los motivos son varios. Aunque parezca increíble, uno de los principales ha sido la imposibilidad de construir una base de datos sólida que dé cuenta de cuántos activos de transmisión deben ser valorizados. Se trata éste de un levantamiento de información extremadamente complejo, que a estas alturas ya involucra más de 10 millones de datos asociados a instalaciones, componentes, materiales y otros; y siguen aumentando. Generar esa base de manera rigurosa toma tiempo. Y ese es precisamente el punto crítico: los atrasos acumulados presionan por el cierre de los procesos, pero éstos requieren un nivel de información detallada y validada que no es compatible con la urgencia que impone el propio retraso. La tensión es estructural.

Hoy el sector requiere “comprar tiempo”. Más que intentar acelerar en vano los procesos, es necesario crear algún mecanismo de transición que permita terminar de construir la base de activos de manera correcta.

Si no abordamos este problema inmediatamente, a la incertidumbre regulatoria se sumarán los mencionados efectos tarifarios, impactando directamente a los consumidores. Las reliquidaciones, derivadas de ajustes ex post de los valores reconocidos, generan distorsiones que afectan la predictibilidad de los cargos y tensionan la relación entre empresas, regulador y usuarios. No se trata, entonces, solo de un problema del sector de la transmisión. Es un tema que incide en la estabilidad del sistema eléctrico en su conjunto y en la forma en que se distribuyen sus costos.

La discusión sobre valorización debe, por tanto, dejar de verse desde el ámbito estrictamente técnico y asumir su dimensión político-estratégica. Poner al día estos procesos no es solo una tarea pendiente, sino un requisito ineludible para recuperar certezas, sostener la inversión y asegurar que la transmisión siga cumpliendo su rol como infraestructura habilitante del desarrollo del país.