Columna de opinión

Diario Financiero

Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras

La urgencia de contar con un sistema de transmisión eléctrica holgado, seguro y resiliente para las próximas décadas, como principal condición habilitante del proceso de transición energética en el que Chile está inmerso, es hoy un objetivo compartido. De no tomarse medidas inmediatas, sabemos que será muy difícil cumplir las metas de carbono-neutralidad comprometidas, pues la energía ‘verde’ no podrá ser transportada en su totalidad desde el norte hacia los centros de consumo.

La situación se ha transformado en crítica. Según un estudio encargado por las Transmisoras a la Universidad de Chile, solo en 2022 faltó incorporar un 40% más de capacidad de transmisión y cerca de 900 MW de almacenamiento, lo que habría implicado inversiones extra por alrededor de US$ 2 mil millones. De haberse contado con esa capacidad, los niveles de vertimiento de energía renovable habrían disminuido desde el 6,4% registrado ese año a un 1,1%; y el desacople de precios entre las zonas norte y centro se hubiese reducido de 34% a 5%.

Recientemente, el Gobierno ingresó a tramitación legislativa un proyecto de ley denominado de ‘Transición Energética’, que contiene -entre otros puntos- reformas a diversas materias relacionadas con la transmisión, varias de las cuales podrían efectivamente ayudar a agilizar el desarrollo de proyectos lineales. Por supuesto, existen también espacios de mejora, fundamentalmente en lo que dice relación con el proceso de planificación del sistema (a nuestro juicio, si pasamos de un proceso anual a uno bianual, como se propone, se podría entrampar aún más un proceso que ya convive con constantes retrasos). Con todo, la sola presentación del proyecto es, en sí misma, una señal concreta y positiva, pues muestra la preocupación del Gobierno por avanzar hacia las mejores soluciones y dialogar abiertamente acerca de cuáles son ellas.

Es importante recalcar, sí, que la problemática de la transmisión no se resolverá únicamente con iniciativas legislativas. Existe una serie de cambios infra-legales que son tanto o más relevantes que las propuestas por el Ejecutivo, y de aplicación relativamente rápida.

Por ejemplo, cambios metodológicos en la planificación permitirían tomar mejores decisiones frente a escenarios futuros siempre inciertos. De la misma forma, una mayor eficiencia en la ‘permisología’ (porque más de 120 permisos ambientales y sectoriales se requieren para un solo proyecto de transmisión); una ‘puesta al día’ en los procesos tarifarios (todos los cuales corren hoy con retraso), y otras acciones, serían largamente bienvenidas como señales positivas a la inversión.

Sabemos que el desafío es enorme y urgente, que requiere de acciones transversales y una decidida mirada con foco en las próximas décadas. De otra forma, en unos años más estaremos en el mismo punto, viendo cómo perdimos la oportunidad de enmendar -a tiempo- el futuro.