COLUMNA DE OPINIÓN

El Mercurio / Cuerpo Energía y Sustentabilidad

Javier Tapia, Director Ejecutivo Transmisoras

Cuando hablamos de transición energética, existen al menos dos aspectos incuestionables. El primero es que el cambio climático debe ser combatido y nuestro sistema eléctrico debe adaptarse a dicho propósito. El segundo, que los beneficios de la transición deben llegar a todos.
Ambas cuestiones están relacionadas. Solo un apoyo transversal a la electrificación de los consumos permitirá que el referido combate sea efectivo.
El gran problema que enfrentamos hoy es que los beneficios de una ‘vida más electrificada’ no se están percibiendo. La calidad de servicio en Chile es baja, con largos cortes de energía en algunas zonas, a los cuales —lamentablemente— estamos acostumbrados.
Ello tiene consecuencias directas en el bienestar de las personas. Así se explica, por ejemplo, la dificultad que enfrentamos en el sur del país. ¿Ud. cambiaría su (altamente contaminante) cocina a leña, que además calienta toda su casa, por una eléctrica que durante varias horas del día no puede usar?
Por más planes que se desarrollen, si la alternativa no es confiable, el comportamiento no variará.
Lo anterior nos lleva a la centralidad que tiene la seguridad en el sistema eléctrico. No se trata de no aportar al cambio climático o de producir con fuentes menos renovables. Se trata de que el beneficio llegue a todos y la electrificación sea una alternativa real.
El proyecto de ley de transición energética, que el Gobierno acaba de ingresar al Congreso, agrega a la ley eléctrica un principio según el cual se debe propender a un sistema bajo en emisiones. Ello es, sin duda, loable. Pero para que tenga un impacto efectivo, el mismo debe ser aplicado como un principio que llamamos ‘de diseño’. Es decir, el sistema debe ser pensado —planificado— desde el origen teniendo al cambio climático en vista.
Si solo se utiliza como criterio ‘de operación’ de un sistema que ya es estrecho hoy en día, se pueden llegar a tomar decisiones que afectarán la seguridad y, en consecuencia, nos alejarán como ciudadanía del apoyo irrestricto que debemos dar al cambio en nuestros patrones de consumo.
Ojalá quede claro en la futura ley que la transición debe ser ‘segura’. No vaya a ser que hipotequemos un fin loable por errar en la forma en que construimos los caminos para llegar a él.