El gremio valoró el objetivo de proteger a las familias y pequeñas empresas afectadas, pero advirtió que los mecanismos utilizados deben ser consistentes con la institucionalidad vigente y resguardar la operación segura de los servicios esenciales.

En el marco de la revisión por parte del Tribunal Constitucional de la norma de la Ley de Reconstrucción que obliga a reconectar servicios básicos de forma gratuita y en plazos muy acotados a usuarios en zonas de catástrofe, como Transmisoras de Chile, A.G., esperamos que el requerimiento presentado en contra de aquella sea acogido. Si bien se trata de un tema que no nos afecta directamente como industria de la transmisión eléctrica, tenemos la convicción de que sus consecuencias potenciales son más amplias, pudiendo impactar de manera negativa las bases del sistema regulatorio.

Sabemos de —y compartimos plenamente— la necesidad de apoyar a las familias y pequeñas empresas afectadas por catástrofes. Ese objetivo no está en discusión. De hecho, las empresas del sector despliegan esfuerzos cada vez más importantes para minimizar las consecuencias de aquellas.

Lo que es igualmente relevante es la necesidad de asegurar que los mecanismos que se adopten para materializar dicho apoyo sean consistentes con la institucionalidad vigente, no vulneren la certeza regulatoria y permitan resguardar la operación segura de los servicios esenciales. En nuestro parecer, tal y como está redactada, la norma no cumple con ello.

Como otras industrias del sector energético y tal como nos ha caracterizado, seguiremos disponibles para colaborar con las autoridades en el desarrollo de soluciones y en instancias de trabajo que permitan compatibilizar la protección de los usuarios, la seguridad y resiliencia de la infraestructura crítica y la estabilidad regulatoria.